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CONCEPTOS INCLUIDOS Y EXCLUIDOS EN LAS BASES DE COTIZACIÓN: EL CASO BANKIA Y LAS TARJETAS NEGRAS

 

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A raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 19/2013, de 20 de diciembre, y su posterior desarrollo mediante Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por el que se modifica el artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social quedó modificado el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, el cual viene a determinar que todos aquella remuneración que forme parte del salario, debe estar sujeta a cotización y a la correspondiente retención del IRPF.

 La modificación de dicho precepto amplió,a grosso modo, los conceptos incluidos en la base de cotización del trabajador.

 Así, por ejemplo, con anterioridad a aquella reforma, la entrega gratuita o a precio inferior al del mercado de acciones o participaciones de la empresa se consideraba exenta hasta alcanzar los 12.000 € anuales; sin embargo, desde principios del presente año, debe incluirse en la base de cotización el 100% de este concepto.

 Igualmente, la utilización de bienes destinados a servicios sociales y culturales del personal empleado (espacios y locales destinados por ejemplo a prestar servicio de primer ciclo de educación infantil), debe incluirse en su importe íntegro en la base de cotización, mientras que con la antigua normativa se encontraban exentos.

 Y en esa misma línea de inclusión encontramos los gastos de estancia, que cuando antes se estaban excluidos de cotización, con la reforma se reduce su exención a los gastos normales de manutención que se hayan generado en un municipio distinto del lugar de trabajo habitual del perceptor.

 A mayor abundamiento, la Administración pública impuso la obligación a las empresas a que, desde principio de año, detallen con precisión la composición de la hoja de salario de cada uno de sus trabajadores, debiendo cumplimentar mensualmente una serie de ficheros -ficheros CRA- a efectos de que se especifiquen cada una de las cantidades salariales y extrasalariales que el trabajador haya podido percibir, y así estar sujetas a mayor control.

 En puridad, lo que el legislador trataba era acotar en mayor medida una serie de conceptos, a veces indeterminados, para acabar diferenciando expresamente de un lado los conceptos salariales que vienen a retribuir el desarrollo real de una prestación de servicios, y de otro, todos aquellos otros conceptos que en sí, tan solo vienen a compensar gastos o suplidos que el trabajador pueda tener en el ejercicio de su actividad.

 En el caso de Caja Madrid -Bankia-, las “BlackCards” eran tarjetas de crédito que se otorgaban a directivos y consejeros para hacer frente a los gastos de representación de su cargo. Hasta aquí nada anormal, pues la concesión de tarjetas de crédito en las que se incluyan aquellos gastos que en puridad deben ir a cargo de la Sociedad, y que por tanto no entran dentro del concepto de salario, es una práctica habitual consentida por nuestro Ordenamiento Jurídico.

 La problemática nace cuando (según se ha ido publicando en diferentes medios), los gastos generados con dichas tarjetas (viajes de ocio, joyas, compras en boutiques de lujo, etc.), poco o nada, tienen que ver con la compensación de gastos que aquellos trabajadores hayan podido generar en el desempeño de su actividad.

 Se pone en entredicho por tanto, su naturaleza extrasalarial, y su exclusión de las bases de cotización a efectos de Seguridad Social, así como su no afectación por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

 La consecuencia de todo ello es que Hacienda podría regularizar todas estas retribuciones percibidas bajo esta oscura práctica, (únicamente las devengadas en los últimos cuatro ejercicios, pues todo lo anterior se encontraría prescrito), exigiendo no solo la tributación y cotización que en su día no se hizo, sino además imponiendo sanciones pecuniarias en tanto que infracciones de orden administrativo.

 Habremos de esperar a la conclusión del caso Bankia, sin perder de vista que de constatarse que la cuantía defraudada sea superior a los 120.000 € anuales, dejaríamos de hablar de infracción administrativa para situarnos de lleno en el plano del código penal, pues en ese caso, estaríamos frente a un Delito Fiscal.

 

Jessica Cid – Abogada

 


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