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TRANSMISIÓN UNIDAD PRODUCTIVA Y TRANSMISIÓN DEL PASIVO SOCIAL EN PROCESO CONCURSAL

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Se transcribe textualmente a continuación una interesante resolución de un Juzgado de lo Mercantil que concluye, razonándolo, que la venta de unidad productiva en procedimiento concursal debe comportar la transmisión al adquirente de todo el pasivo social que pueda existir respecto de los trabajadores que subroga.

 

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1

ALICANTE

Calle Pardo Gimeno,43

TELÉFONO: 965936096

N.I.G.:

Procedimiento: CONCURSO ORDINARIO – 181/2013

SECCION QUINTA

A U T O

MAGISTRADO – JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo. Sr. RAFAEL FUENTES DEVESA

Lugar: ALICANTE

Fecha: 13 de marzo de dos mil quince

Dada cuenta, el anterior escrito presentados por la Administración Concursal, únanse y

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  En fecha ——————se dicta auto de declaración de concurso de  LIZZO

DESIGN SLU tramitado con el número 181/2013 , habiéndose emitido informe del art. 74 LC el

día — de —————-de ——-

SEGUNDO.- Aperturada la fase de liquidación por auto de fecha 29 de Septiembre de 2014, se

aprueba el Plan de Liquidación presentado el 16 de octubre de 2014  por auto de fecha   1 de

diciembre de 2014, que contemplaba la venta de la unidad productiva.

TERCERO.- En fecha 9 de Enero de 2015 la Admon concursal comunica la oferta de compra

de la unidad productiva efectuada por FABRIC EDITORS SA.

CUARTO.- Dado traslado a las partes y en especial al representante de los trabajadores, y

solicitada aclaraciones sobre las condiciones de la oferta, no se efectúan alegaciones por los

trabajadores y se evacúa el trámite de aclaraciones por la Admon concursal

QUINTO.- En la sustanciación se han observado las prescripciones legales y demás de

pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto el plazo para dictar resolución por la

acumulación de señalamientos y asuntos, así como a la complejidad de las cuestiones

suscitadas

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La procedencia de la venta de la unidad productiva.

La L.C desde su inicial redacción prevé como sistema de enajenación preferente el de la venta

de la unidad productiva, como instrumento para el mantenimiento de los puestos de trabajo y

los efectos positivos que implica la continuidad de la actividad económica desde una óptica

general, así  como el ahorro de costes para el concurso, con los beneficios correlativos  para el

resto de acreedores, al evitar el incremento de créditos contra la masa inherente a la extinción

de los contratos de trabajo pendientes . Así se deduce, sin género de duda, del art. 148.1 y

149.1 LC.

El RDL 11/2014, como ya hiciera el precedente RDL 4/2014, después Ley 17/2014, tiene como

guía, según su exposición de motivos, un principio nuclear cual es el mantenimiento de

empresas económicamente viables, por considerar que “es beneficiosa no sólo para las propias

empresas, sino para la economía en general y, muy en especial, para el mantenimiento del

empleo.”Principio que ya aparecía en la inicial redacción de la Ley Concursal, pero como

instrumental de la satisfacción de los so acreedores, finalidad esencial del concurso (Apartado

II de la  EM), como  remarca  el apartado VI según el cual “Aunque el objeto del concurso no

sea el saneamiento de empresas, un convenio de continuación puede ser instrumento para

salvar las que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los

acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses.”

En el caso presente, y dado que no hay otra oferta que mejore la realizada, que prevé como

parte consustancial de la misma  el mantenimiento de los puestos de trabajo de los

trabajadores actualmente en alta, procede su aceptación, sin que conste queja  u oposición

alguna de ningún interesado o afectado

SEGUNDO.- Efectos: consideraciones generales

Las últimas reformas de 2014 inciden en el régimen legal, especialmente con la introducción

del nuevo art 146bis con el RDL 11/2014, que es el régimen aplicable a la presente venta de

unidad productiva,  ya que antes de su entrada en vigor en septiembre de  2014,  el proceso

concursal se encontraba en tramitación y no se había iniciado la  fase de liquidación, que se

apertura el 29 de septiembre de 2014  (DT. Primera RDL 11/2014).

Con el objeto de facilitar la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del

concursado o de cualesquiera otras unidades productivas, el régimen general diseñado en el

art 146bis pivota sobre dos extremos: (a) la subrogación ipso iure del adquirente en los

contratos y licencias administrativas de que fuera titular el cedente (artículo 146 bis 1,2 y 3),  y

(b) la exención de responsabilidad por deudas previas (art 146 bis 4), consagrando lo que era

una regla jurisprudencial constante, según la cual en el proceso de liquidación concursal se

adquieren activos, no pasivos. No obstante ese desiderátum, las excepciones introducidas

especialmente en  el caso de las deudas frente a la Seguridad Social, apartándose de la

tendencia jurisprudencial mayoritaria, apuntan precisamente en sentido contrario.

Por otra parte, aunque se suscita controversia sobre la naturaleza imperativa o claudicante de

la normativa que establece las especialidades de la transmisión de la Unidad Productiva  en el

art 146 bis, en especial sobre la posibilidad de ser moduladas en el Plan de liquidación y el

auto aprobatorio, debe descartarse  la tesis de la preeminencia del plan sobre el art 146bis, ya

que los art 148 y el art 146bis tienen naturaleza diversa e interactúan en planos distintos.

El plan de liquidación, y el auto que lo aprueba, tienen un contenido procesal: establecen las

normas de realización de activos (art 148LEC), como lo revela su ubicación sistemática

(Sección Tercera Capítulo II , Titulo V), pero carecen de virtualidad sustantiva, por lo que no

pueden alterar los efectos de la liquidación, en el que se ubica  el art 146bis (Sección Segunda

Capítulo II , Titulo V)

Tras estas consideraciones generales procede analizar los distintos efectos atendidos los

términos de la oferta, que se anticipa ya, no queda aceptada en su integridad en los términos

propuestos, sin que proceda acordar nada respecto de los contratos, licencias y autorizaciones

administrativas de que fuera titular el cedente,  al no quedar incluidos en el perímetro de la

oferta, no obstante la petición  de aclaración  al respecto interesada

Tercero. La trasmisión de activos

Respecto de los activos, la venta de la unidad productiva implica la transmisión al ofertante de

la titularidad de los activos determinados en el Anexo del Plan  y en la Oferta (al no constar que

no se ajusta a la realidad del inventario de la concursada)  consistente en (a) inmovilzado

intangible (marcas y aplicaciones informáticas), (b) inmovilizado material y (c) existencias, sin

incluir en la venta los saldos pendientes de cobro frente a terceros y efectivo en caja, a cambio

del importe de 250.000 euros pagaderos en la forma propuesta, sin que ninguna precisión

proceda realizar sobre la aplicación del importe, al no constar – según informe de AC- que

ninguno de los activos de los activos transmitidos estén sujetos a privilegio especial.

Por tanto, y a salvo de que el bien o derecho incluido dentro del perímetro de la UP ingresase

en su día al patrimonio del deudor ya embargado por deudas ajenas (art 82), con arreglo al art

149.3 LC procede acordar  la cancelación de los embargos que hubieran sobre tales activos,

aunque procedieran de otros órganos judiciales o administrativos, sin que, a pesar de lo que se

mantiene por la DGRN (entre otras, Resolución de 2 de septiembre de 2013) sea necesario

para la cancelación de anotaciones de embargo en fase de liquidación acreditar previa

audiencia al titular de las anotaciones preventiva, siquiera  su notificación, como se dice en la

posterior de 5 de octubre de 2014, al no ser exigencia legal ni tener sentido en el procedimiento

de realización concursal en fase de liquidación

Cuarto. La transmisión de pasivos laborales y de Seguridad Social

En  cuanto a los pasivos, la regla general que prevé el apartado 4 del art 146bis en caso de

transmisión de UP es que la misma no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no

satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la masa

Consagra así lo dicho reiteradamente por los  tribunales mercantiles (por todos SAP de

Barcelona e 29 noviembre 2007) de “que la enajenación de la empresa o de la unidad

productiva dentro de la liquidación se hace libre de deudas, esto es el adquirente no se

subroga en las deudas del concursado, sin perjuicio de las garantías reales que puedan gravar

alguno de los bienes muebles o inmuebles incorporados a la empresa o unidad productiva. A

estos efectos, la venta de la empresa o de una unidad productiva tiene el mismo régimen que

la realización individualizada o en lotes de los elementos que componen el activo…. La

liquidación concursal va encaminada a la realización de la masa activa para con lo obtenido

pagar a los acreedores, afectados por el principio de la par condicio creditorum, según las

reglas de pago derivadas de la clasificación de créditos y de la existencia de créditos contra la

masa. En esta lógica, los acreedores cobran dentro del concurso y con lo obtenido de la

realización del activo, por el orden derivado de la clasificación de sus créditos, sin que, salvo en

el caso de quienes tengan garantizado el crédito con una garantía real, tengan derecho a

hacerlo de los terceros que adquieran los bienes realizados o la empresa o unidad productiva,

caso de optarse por tal forma de realización, pues de otro modo, se alteraría la par condicio

creditorum”

Tres son las excepciones previstas a esta regla general: a) asunción expresa por el adquirente;

b) existencia de disposición legal en contrario “ y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

149.2 ” (créditos laborales y de Seguridad Social), y c) ser los adquirentes de las UP personas

especialmente relacionadas con el concursado

En el caso presente no concurre el supuesto a) ni hay dato ni alegación alguna de que se dé el

supuesto c), quedando limitada la polémica al tratamiento de las responsabilidades de carácter

laboral y de seguridad social , al contener la oferta como condición la no subrogación en las

mismas, así como en las de orden tributario

En cuanto a esta última, no procede pronunciamiento alguno sobre la no subrogación en las

deudas tributarias, ya que la LGT en su art.  42 es clara al respecto, y no ofrece dudas, sin que

esta resolución pueda añadir nada más que reproducir el texto legal.

En el orden laboral, la transmisión de la unidad productiva supone la subrogación en los

contratos de trabajo por la adquirente que asume la posición de empleador. Así lo reafirma la

llamada al art 44 ET efectuada en el apartado 3 del art 146bis LC, de manera que respecto de

los contratos laborales no cabe delimitación unilateral del perímetro por el adquirente, pues

debe  observarse en todo caso previamente el sistema de autorización judicial del art 64 LC,

que aquí no se ha instado, pues una de las condiciones de la oferta es la subrogación en los

contratos laborales.

Con ello se garantiza la continuidad de las relaciones laborales, evitándose así el impacto

negativo que para el resto de acreedores implicaría su despido, con el consiguiente incremento

de los créditos contra la masa por las indemnizaciones correspondientes, con el ahorro que

conlleva asimismo para las arcas públicas por la parte correspondiente en caso de insolvencia

del empleador,  e imposibilidad de atenderse tales indemnizaciones

Las dudas se suscitan a la hora de resolver sobre la exoneración del  adquirente del  pasivo

laboral

Según el art 149.2 al que se remite el art 146 bis.4  “Cuando, como consecuencia de la

enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, una entidad económica

mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a

cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales ( y

se añade con la RDL  y de seguridad social), que existe sucesión de empresa. En tal caso, el

juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o

indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el

Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores”

Hasta la reforma RDL 11/2014 podíamos distinguir dos tesis a la hora de determinar el alcance

objetivo de la exoneración del adquirente en el pasivo salarial/indemnizatorio del concursado:

a) exoneración limitada: El juez del concurso solo puede acordar que el adquirente no se

subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de

pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de

conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Entre otras, AAP

Pontevedra de 30 enero de 2014

b) exoneración ilimitada: la posibilidad de exoneración de ese pasivo laboral es  ilimitada,

de manera que el juez puede acordar que el adquirente no se subrogue en la deuda

por  salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación si así

se ha previsto en el Plan, como medida para incentivar la adquisición de la Unidad

Productiva, pues hay primacía  del Plan, al ser el art 149.2 norma subsidiaria. Entre

otras JM nº 3 de Pontevedra de 11 octubre de 2013

Tras la reforma se considera que la tesis de la exoneración total o ilimitada no es asumible por

las siguientes razones:

i)la llamada del art 146.bis 4 al art 149.2 implica que la transmisión sí lleva consigo la

obligación de pago de créditos salariales y de indemnización insatisfechos, pues aparece como

excepción a la regla general (no asunción de pasivos por adquirente)

De esta manera, queda obligado el adquirente respecto de esos pasivos, sin perjuicio de que

el juez  pueda  acordar que  no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o

indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el

FOGASA, de conformidad con el artículo 33 ET

ii) la voluntad legis expresada en la EM en su apartado IV al decir “…se  arbitran los

mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas, salvo en determinados casos

especiales que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, como es el caso de

las deudas frente a la Seguridad Social o a los trabajadores.”

iii) la conexión del art 146bis con el art 149.2º revela la verdadera naturaleza del art 149.2º

desde siempre, y es que se trata de una norma reguladora de los efectos de la trasmisión de la

venta productiva en liquidación concursal, y no reguladora del procedimiento de venta, que es

la comprendida en el art 149.1º, y que es la única verdaderamente subsidiaria, como lo pone de

relieve el  tenor literal distinto de ambos apartados. Dicho de otra manera, se  ubican en un

mismo precepto (el art 149) bajo una rúbrica que induce a error normas de contenido distinto,

pues solo es válida esa rúbrica para el apartado 1º (que son reglas de procedimiento de

realización), no para el apartado 2º y 3º (que son reglas sobre efectos de la venta), siendo la

referencia del art 149.2  al 149.1 LC al supuesto fáctico contemplado (venta de

establecimientos, explotaciones o unidades como un todo), al margen de cómo se realiza

(según el plan o según reglas supletorias)

Cuestión diversa es el  alcance subjetivo de esa subrogación, pues hay una duda razonable

de si esa responsabilidad del adquirente abarca toda la deuda laboral del anterior empresario

concursado, o solo las deudas  correspondientes a trabajadores en los que se subroga el

nuevo empresario

El art 3.1.II  de la Directiva 2001/23/CE del Consejo sobre aproximación de las legislaciones de

los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso

de traspasos de empresas establece que “Los Estados miembros podrán establecer que,

después de la fecha del traspaso, el cedente y el cesionario sean responsables solidariamente

de las obligaciones que tuvieran su origen, antes de la fecha del traspaso, en un contrato de

trabajo o en una relación laboral existentes en la fecha del traspaso.” y el  art 5.2 que regula las

garantías  de trabajadores en caso de traspasos de empresas cuando el cedente sea objeto de

un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia bajo la supervisión de una

autoridad pública competente, partiendo de su aplicación  (pues el apartado primero  prevé que

no es preceptivo) señala que “ un Estado miembro podrá disponer que: a) no obstante lo

dispuesto en el apartado 1 del artículo 3, no se transfieran al cesionario las obligaciones del

cedente, derivadas de los contratos o de las relaciones laborales, que puedan existir antes de

la fecha del traspaso o antes de la apertura del procedimiento de insolvencia, siempre y cuando

dicho procedimiento dé lugar, en virtud de la legislación de ese Estado miembro, a una

protección como mínimo equivalente a la que se establece para las situaciones cubiertas por la

Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados

en caso de insolvencia del empresario ….”

Del tenor de estos preceptos vemos que “el legislador de la Unión no ha previsto normas en

relación con las cargas del cedente derivadas de contratos o relaciones laborales que ya se

hubieran extinguido en la fecha  en que tiene lugar la trasmisión “ (Auto del TJUE de 28 de

enero de 2015)

El art 44ET  y el art 146 bis y 149.2 LC  no establecen discriminación alguna, pero ello no

significa que la subrogación deba ser por la totalidad del pasivo laboral, por las siguiente

razones

I)La regla general en la adquisición de la unidad productiva es la exoneración del pasivo, sin

que quepa interpretaciones extensivas de lo que no es más que una norma excepcional (art

4CC)

ii) La imposición de una subrogación total e indiscriminada aparece como obstáculo de  la

transmisión de la unidad productiva, y  en consecuencia, impeditivo de  la supervivencia de la

empresa en crisis, y el mantenimiento del empleo, debiendo huir de exegesis que frustren una

de las finalidades de la Ley Concursal, en especial tras sus reforma de 2014,  que no es otra

que el salvamento de la empresa, según se declara en la EM del RDL 11/2014 .Por ello una

subrogación delimitada por los contratos en vigor al tiempo del traspaso aparece como más

ajustada a la exégesis teleológica

iii) el legislador ya ha previsto en el art 146bis un correctivo para evitar eventuales situaciones

abusivas, consistente en la no exoneración del adquirente persona especialmente relacionada,

por lo que generalizar la subrogación en el pasivo laboral de manera indiscriminada aparece

como como mecanismo disuasorio desproporcionado

En definitiva,  atendido el informe favorable de la AC, y como medida  favorecedora de la

viabilidad futura de la actividad empresarial y en pro del mantenimiento del empleo, el

adquirente no se subrogará en la parte de la cuantía de los salarios e indemnizaciones

pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA de

conformidad con el art 33 ET, y por las razones dichas, la responsabilidad  del adquirente

respecto de las obligaciones previas que tengan su origen en un contrato de trabajo queda

delimitada a la derivada de los contratos en los que se subroga, no en la totalidad del pasivo

laboral

Quinto. La transmisión del  pasivo de Seguridad Social

Según el art 127  LGSS en los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o

negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago

de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión

Hasta la reforma, la mayoría de órganos mercantiles consideraba que esta responsabilidad no

era aplicable en caso de Venta de Unidad Productiva  en sede concursal. Así SAP Pontevedra

16 de julio de 2012 y la previa de 29 de junio de 2010, Cáceres de 27 de febrero de 2013,

Alicante de 27 de septiembre de 2013, con cita obligada  de la inicial de Barcelona, de 29 de

noviembre de 2007, reiterada entre otras  por la de 16 de diciembre de 2009

El problema es que tras la reforma operada por el RDL 11/2014, hay serias dudas de que se

pueda seguir asumiendo (como lo venía haciendo este Juzgado)  esta línea jurisprudencial por

las siguientes razones:

I)la remisión del art 146.bis 4 al art 149.2 implica que la transmisión sí lleva consigo la

obligación de pago de créditos de seguridad social insatisfechos, pues aparece como

excepción a la regla general (no asunción de pasivos por adquirente)

ii) la voluntad legis expresada en la  EM en su apartado IV al decir la facilitación de la

trasmisión de UP justifica “los mecanismos de exención de responsabilidad por deudas previas,

salvo en determinados casos especiales que por su singularidad siguen mereciendo una

especial tutela, como es el caso de las deudas frente a la Seguridad Social o a los

trabajadores.”

iii) el art 149.2 LC considera la existencia de sucesión empresarial en caso de trasmisión de UP

no solo a los efectos laborales sino también de Seguridad Social, por  lo que decae buena

parte de la justificación de las sentencias anteriores que discriminaban una y otra, atendiendo a

que solo se hacía referencia en la LC a  los “efectos laborales“

Se podrá criticar que con ello se corre el peligro de frustrar la posibilidad real de venta del

conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras

unidades productivas, pero de ello debe ser consciente el legislador. Si a pesar de ello opta por

no comprender en la exención de responsabilidad por deudas previas a las deudas de

Seguridad Social, el respeto al principio de legalidad (art 9 y 117 CE) impone su acatamiento

Cuestión distinta es que ante las dudas sobre el alcance de esa subrogación, como en el caso

anterior,  se considere que esa responsabilidad del adquirente no comprenda toda la deuda de

Seguridad Social del empresario concursado transmitente, sino solo las deudas derivadas de

los trabajadores en los que se subroga el nuevo empresario, dándose por reproducido lo antes

dicho respecto de las deudas laborales para evitar reiteraciones

Sexto. Conclusión

En definitiva, se aprueba la oferta,  si bien sin el alcance solicitado  por el oferente respecto del

pasivo laboral y de seguridad social.

Si ello provoca su retirada por el ofertante, deberá iniciarse un nuevo periodo para nuevas

ofertas, adaptadas a las previsiones de esta resolución, con las repercusiones perniciosas para

los acreedores que ello puede acarrear

Y si ello no fuera posible, y se frustra definitivamente, abocará el proceso de realización de los

activos a su venta de manera individualizada, con las consecuencias inherentes, al suponer la

desaparición de una unidad productiva en funcionamiento. Consecuencias  que no se escapan

que pueden ser muy negativas, principalmente y de forma directa, en orden a la destrucción de

puesto de trabajo, pero que son producto de la opción del legislador del RDL 11/2014 de primar

en el proceso de venta unitaria la posición de determinados acreedores, en especial, la

Seguridad Social

PARTE DISPOSITIVA

Se autoriza la transmisión de la unidad productiva en favor de FABRIC EDITORS SA según

oferta de 20 de noviembre de 2014, presentada el 9 de enero de 2015

La transmisión se sujetará  a las siguientes reglas:

1º) La Admon concursal deberá formalizar los documentos necesarios, en su caso, para el

cambio de titularidades de los activos definidos en el Anexo de su escrito y de la oferta al

adquiriente.

2º) Los bienes y derechos referidos en apartado 1º se transmiten al adquiriente  libres de

cargas.

3º) La adquiriente FABRIC EDITORS SA  se subroga en los contratos de trabajo de  la totalidad

de la plantilla

El  adquirente no se subrogara en la parte de la cuantía de los salarios e indemnizaciones

pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA de

conformidad con el art 33 ET

La responsabilidad  del adquirente respecto de las obligaciones previas que tengan su origen

en un contrato de trabajo queda delimitada a la derivada de los contratos en los que se

subroga, no en la totalidad del pasivo laboral

4º) La adquiriente FABRIC EDITORS SA  solo se subroga en las  deudas de seguridad social

de la concursada derivada de los contratos laborales en los que se subroga

5º) Las adquirientes no se subrogan, a salvo el pasivo laboral y de Seguridad Social  en los

términos de los apartados 4º y 5º , en las obligaciones de la concursada, incluidos los créditos

tributarios

6º) La Admon concursal informará sobre el cumplimiento de la obligación de pago del

adquiriente.

En caso de no aceptacion de la venta en estas condiciones, la Admon Concursal informará en

el plazo de 10 dias para acordar lo procedente con arreglo al fundamento jurídico 6º

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado, no

obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en

el plazo de CINCO DÍAS, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, previo

depósito de la suma de 25 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y

consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código  00 y

como concepto “pago recurso de reposición”, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso

(artículos 451 y 452 de la LECn y Disposicion adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por

la LO 1/2009 de 3 de noviembre)).

 

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.

Firma del Magistrado – Juez    Firma del Secretario


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