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El Supremo aclara la acción de responsabilidad de administradores: Es indiferente que el acreedor fuera conocedor de la insolvencia societaria

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La Sala Civil del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de 11 de abril de 2018 (Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo), ha zanjado una controvertida cuestión que lleva años discutiéndose cuando se ejercita la acción de responsabilidad de adminsitradores societarios.

En el pleito se solicitaba por el acreedor se declarase la responsabilidad solidaria de los administradores codemandados sobre la cantidad adeudada por la mercantil, y en consecuencia se les condene a pagar solidariamente el importe reclamado por incurrir en causa de responsabilidad al incumplir con su obligación de convocar en el plazo de dos meses la preceptiva Junta desde que tuvieron conocimiento de la causa o causas de disolución previstas en el artículo 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (vigente en el momento de los hechos).

A pesar de que en la instancia se estimó íntegramente la petición, la Audiencia Provincial, sin dejar de reconocer la existencia de la deuda; que esta es posterior a la aparición de la causa de disolución de la sociedad deudora, que desde el año 2004 tenía fondos propios negativos; y que los administradores no promovieron la disolución de la sociedad, por lo que, en principio, se cumplían todos los requisitos legales para condenar a dichos administradores a pagar solidariamente con la sociedad la deuda social, sin embargo, entiende que el conocimiento que tenía la sociedad acreedora de la situación económica de la sociedad deudora, ponía de relieve en este caso que contrató asumiendo el riesgo de impago y «no a expensas de una cobertura subsidiaria de los administradores.

Así, la Audiencia consideró que la parte actora conocía perfectamente la situación de grave dificultad económica de la sociedad administrada por los demandados, pues el administrador de la demandante (acreedora) y uno de los administradores sociales de la demandada eran primos y amigos. Por tanto, puede entenderse que el suministro que motivó el impago tuviera una finalidad de inyección de movimiento económico a una empresa que ya tenía dificultades. Tal comportamiento puede ser aceptable desde el punto de vista de la dinámica económica, siempre fluida y susceptible de revertirse, pero que, en absoluto demeritan el hecho de que quien contrató con conocimiento claro de un evidente riesgo, por la situación de la otra sociedad contratante, asume esa realidad.

Ahora el Tribunal Supremo, estima el recurso de casación planteado y manifiesta “el mero conocimiento de la situación de crisis  económica o de insolvencia de la sociedad por parte del acreedor al tiempo de generarse su crédito no le priva de legitimación para ejercitar la acción de responsabilidad prevista en el art. 262.5 TRLSA “.

Y aún va más allá y añade: “Por el contrario, al contratar en esas circunstancias conoce la garantía legal que supone respecto del cobro de su crédito que el reseñado precepto haga al administrador responsable solidario de su pago por no haber promovido la disolución, si es que concurría causa legal para ello“.

Fuente: José Hurtado Cobles

Link texto Sentencia: aquí


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