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Última modificación sobre enajenación de establecimientos en Real Decreto-Ley de medidas concursales

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En los procedimientos concursales en los que no se consiga un plan de liquidación y, en su caso, en las cuestiones que no se hayan previsto en los convenios de acreedores aprobados,  el conjunto de los establecimientos, explotaciones y el resto de unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos.

Así, se establece en el Real Decreto-Ley de medidas concursales, que entró en vigor el pasado 7 de septiembre, y que regula que la venta del conjunto o, en su caso, de cada unidad productiva se hará mediante subasta. No obstante, el juez podrá acordar la realización a través de enajenación directa o a través de persona o entidad especializada cuando la subasta quedare desierta o cuando, a la vista del informe de la administración concursal, considere que es la forma más idónea para salvaguardar los intereses del concurso. La transmisión mediante entidad especializada se realizará con cargo a las retribuciones de la administración concursal.

Las resoluciones que el juez adopte en estos casos deberán ser dictadas previa audiencia, por un plazo de quince días, de los representantes de los trabajadores y cumpliendo, en su caso, lo previsto en el apartado 4 del artículo 148. Estas resoluciones revestirán la forma de auto y contra ellas no cabrá recurso alguno.

En el caso de que las operaciones de liquidación supongan la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, incluidos los traslados colectivos y la suspensión o extinción colectivas de las relaciones laborales, se estará a lo dispuesto en el artículo 64, relativo a los contratos de trabajo.

Todos los bienes y derechos del concursado se enajenarán, según su naturaleza, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio. Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4, salvo que estuviesen incluidos en los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor que se enajenen en conjunto.

En este caso,  si se transmiten sin que subsista la garantía, corresponderá a los acreedores privilegiados la parte proporcional del precio obtenido equivalente al valor que el bien o derecho sobre el que se ha constituido la garantía suponga respecto a valor global de la empresa o unidad productiva transmitida.

Si el precio a percibir no alcanzase el valor de la garantía, calculado, será necesario que manifiesten su conformidad a la transmisión los acreedores con privilegio especial que tengan derecho de ejecución separada, que representen al menos el 75 por ciento del pasivo de esta naturaleza afectado por la transmisión y que pertenezcan a la misma clase. En tal caso, la parte del valor de la garantía que no quedase satisfecha tendrá la calificación crediticia que le corresponda según su naturaleza.

Si el precio a percibir fuese igual o superior al valor de la garantía, no será preciso el consentimiento de los acreedores privilegiados afectados.

Si se transmite, subsistiendo la garantía, subrogándose el adquirente en la obligación del deudor, no será necesario el consentimiento del acreedor privilegiado, quedando excluido el crédito de la masa pasiva. El juez velará por que el adquirente tenga la solvencia económica y medios necesarios para asumir la obligación que se transmite.

En caso de enajenación del conjunto de la empresa o de determinadas unidades productivas de la misma mediante subasta se fijará un plazo para la presentación de ofertas de compra de la empresa, que deberán incluir una partida relativa a los gastos realizados por la empresa declarada en concurso para la conservación en funcionamiento de la actividad hasta la adjudicación definitiva.

No obstante, si, entre ofertas cuyo precio no difiera en más del 10 por ciento de la inferior, podrá el juez acordar la adjudicación a esta cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la empresa, o en su caso de las unidades productivas, y de los puestos de trabajo, así como la mejor satisfacción de los créditos de los acreedores.

Cuando, como consecuencia de la venta, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa.

En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmente, para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, el cesionario y los representantes de los trabajadores podrán suscribir acuerdos para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo.

En el auto de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al artículo 90 y se hayan transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen.

 

Fuente: Intelligence&Capital News

El PP introduce el debate sobre nuevos mecanismos de retribución de los administradores concursales

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El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una proposición  no  de Ley para mejorar del Estatuto de la Administración Concursal, que se debatirá en el Pleno de esta semana, que busca facilitar la viabilidad de las empresas  en concurso, estudiar la posibilidad de introducir nuevos mecanismos de retribución de los administradores concursales que generen incentivos para resolver más rápidamente los procedimientos.

Se propone por el Grupo Popular que se inicie el estudio de los requisitos exigidos para poder ser nombrado  administrador concursal y considera conveniente estudiar las modificaciones necesarias que se pudieran introducir en el proceso de nombramiento de los administradores concursales, para agilizar los plazos y reducir la carga de trabajo de los Juzgados de lo Mercantil.

Actualmente, el concurso no está cumpliendo con la principal finalidad para la que fue ideado, es decir,  no logra la viabilidad del deudor concursado. Esto es consecuencia de la lentitud y complejidad de los  procesos y del estigma que se les asocia. Los retrasos en la presentación del concurso, la dureza de la  crisis y las deficiencias del proceso concursal han determinado que el 90% de los concursos que finalizaron en 2011 lo hicieran con la liquidación de la empresa, y solo hubo un 10% que lo hicieran en convenio

Una vez reconocido el fracaso de la estructura de control por parte de la administración concursal de la persona en concurso, la reorganización más natural de los derechos de control es la que incrementa el papel de los propietarios de los derechos de cobro. Adicionalmente, la masa acreedora es la más interesada en maximizar la recuperación, lo que en el caso de aquellos concursados que son viables está ligado a la continuidad de la actividad operativa.

El Consejo General del Poder Judicial informó el pasado 22 de marzo de 2013 que durante el año 2012 se iniciaron en los Tribunales  de lo Mercantil españoles 10.920 concursos de acreedores, lo que significa un 28,2% más que el año 2011. En el primer trimestre del 2013 aumentó un 26,2% respecto al mismo periodo de 2012.

El Grupo Popular considera que para reconciliar los intereses de todos los afectados por la situación de insolvencia, el control de la persona física o jurídica concursada así como el diseño del plan de viabilidad o la gestión de la liquidación queda en manos de la administración concursal.

A pesar de las reformas aplicadas en los últimos años para mejorar la profesionalidad de la administración concursal, sigue ocurriendo que los concursos se alargan demasiado, y rara vez acaban en convenios. La lógica económica indica que la insolvencia implica el fracaso de los deudores concursados para cumplir con los compromisos adquiridos.

La entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ha sido un hito en el Derecho Civil  español, al consolidar y perfeccionar los instrumentos para la resolución ordenada de las entidades  mercantiles en situación de insolvencia o cercanas a ella.

Esta nueva regulación del concurso respondía a la necesidad de agrupar la dispersión que en esta  materia existía hasta el momento, a la vez que simplificar la estructura del concurso y dotarle de flexibilidad.

La finalidad de la nueva norma era conseguir una mejor regulación del concurso, en la que los deudores  concursados pudieran renegociar la deuda que tuvieran con sus acreedores y de no llegar a un acuerdo  de refinanciación, la extinción de los créditos que los acreedores tuvieran contra la masa crediticia de la  manera más equitativa.

Aunque hay práctica unanimidad sobre el efecto modernizador que la Ley Concursal, ha tenido en el  tratamiento de las situaciones de insolvencia en España, y sin duda se puede considerar esta Ley como  uno de los hitos del Derecho Civil español de la democracia, la práctica de los años y las exigencias que  a esta Ley le presenta la crisis económica, han hecho aflorar varios problemas de aplicación. Desde su  entrada en vigor en 2003 la Ley ha sido reformada en tres ocasiones: por el Real Decreto-ley 3/2009 de 27 de marzo, la Ley  de medidas urgentes en materia tributaria financiera y concursal; por la Ley 13/2009, de  reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, y por la Ley 38/2011,  de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio,

Fuente: Xavier Gil Pecharromán.-Capitals News

Una vez solicitado concurso de acreedores no cabe despido tácito aunque la empresa no ofrezca trabajo

Una vez solicitado concurso de acreedores no cabe despido tácito aunque la empresa no ofrezca trabajo

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Cuando la empresa INSTALACIONES CAMACHO, SL cesó en su actividad, a pesar de que ya se había solicitado previamente el concurso de acreedores voluntario, aún no se había dictado el oportuno Auto de extinción de contratos de trabajo por parte del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona.

Ante el cese de actividades, la representación de los trabajadores interpuso demanda por despido tácito, interesando la máxima indemnización legal. Para ello se amparaba en una Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 18 de julio de 2008 según la cual sí existía despido tácito cuando el empresario se adelantaba a cerrar el negocio antes de que el Juzgado hubiera acordado la extinción de los contratos laborales.

Ahora la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 29 de octubre de 2013 (núm. de recurso 750/2013), pone fin a la duda y unifica la doctrina en el sentido de entender que el pretendido despido colectivo que se argumenta fue posterior a la declaración de concurso y que la propia reclamación judicial fue casi coetánea al Auto del Juzgado de lo Mercantil por el que se declararon extinguidos los contratos de trabajo. Lo que a su vez determina dos consecuencias: a) que el supuesto despido -tácito y colectivo- no era argumentable ante la jurisdicción social, por estar ya la empresa en concurso cuando los hechos integrantes de aquél acaecieron; y b) que por lo mismo, la demanda significaba clara defraudación de las previsiones de la Ley Concursal, en las que las extinciones contractuales -obviamente ulteriores a la declaración del concurso- corresponden al Juez de lo Mercantil, sin que cupiese ya ejercicio alguno de acción colectiva pretendiendo despido tácito del que pudiera conocer la jurisdicción laboral.

O sea, que solicitado judicialmente el concurso -con mayor motivo dictado el correspondiente Auto- es inactuable ya la figura del «despido tácito» colectivo por hechos posteriores a aquella solicitud, y que la única reacción que al respecto cabe a los trabajadores -a través de sus representantes legales- es la prevista en el art. 64 Ley Concursal , la de solicitar la extinción colectiva de sus contratos. O lo que es igual, a los efectos de la acción ejercitada en las presentes actuaciones [despido ex art. 54. ET ] es irrelevante que con posterioridad al Auto que declaraba el concurso pudiera -efectivamente- haber concurrido la figura que en el ámbito laboral pudiera calificarse como despido tácito y que -examinándolo con recelo- la jurisprudencia social únicamente admite cuando medien «hechos o conductas concluyentes» a partir de los cuales pueda establecerse la inequívoca voluntad empresarial de resolver el contrato.
Ha sido Ponente Ilma. Sra. Rosa María Virolés Piñol.