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Una vez solicitado concurso de acreedores no cabe despido tácito aunque la empresa no ofrezca trabajo

Una vez solicitado concurso de acreedores no cabe despido tácito aunque la empresa no ofrezca trabajo

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Cuando la empresa INSTALACIONES CAMACHO, SL cesó en su actividad, a pesar de que ya se había solicitado previamente el concurso de acreedores voluntario, aún no se había dictado el oportuno Auto de extinción de contratos de trabajo por parte del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona.

Ante el cese de actividades, la representación de los trabajadores interpuso demanda por despido tácito, interesando la máxima indemnización legal. Para ello se amparaba en una Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 18 de julio de 2008 según la cual sí existía despido tácito cuando el empresario se adelantaba a cerrar el negocio antes de que el Juzgado hubiera acordado la extinción de los contratos laborales.

Ahora la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 29 de octubre de 2013 (núm. de recurso 750/2013), pone fin a la duda y unifica la doctrina en el sentido de entender que el pretendido despido colectivo que se argumenta fue posterior a la declaración de concurso y que la propia reclamación judicial fue casi coetánea al Auto del Juzgado de lo Mercantil por el que se declararon extinguidos los contratos de trabajo. Lo que a su vez determina dos consecuencias: a) que el supuesto despido -tácito y colectivo- no era argumentable ante la jurisdicción social, por estar ya la empresa en concurso cuando los hechos integrantes de aquél acaecieron; y b) que por lo mismo, la demanda significaba clara defraudación de las previsiones de la Ley Concursal, en las que las extinciones contractuales -obviamente ulteriores a la declaración del concurso- corresponden al Juez de lo Mercantil, sin que cupiese ya ejercicio alguno de acción colectiva pretendiendo despido tácito del que pudiera conocer la jurisdicción laboral.

O sea, que solicitado judicialmente el concurso -con mayor motivo dictado el correspondiente Auto- es inactuable ya la figura del «despido tácito» colectivo por hechos posteriores a aquella solicitud, y que la única reacción que al respecto cabe a los trabajadores -a través de sus representantes legales- es la prevista en el art. 64 Ley Concursal , la de solicitar la extinción colectiva de sus contratos. O lo que es igual, a los efectos de la acción ejercitada en las presentes actuaciones [despido ex art. 54. ET ] es irrelevante que con posterioridad al Auto que declaraba el concurso pudiera -efectivamente- haber concurrido la figura que en el ámbito laboral pudiera calificarse como despido tácito y que -examinándolo con recelo- la jurisprudencia social únicamente admite cuando medien «hechos o conductas concluyentes» a partir de los cuales pueda establecerse la inequívoca voluntad empresarial de resolver el contrato.
Ha sido Ponente Ilma. Sra. Rosa María Virolés Piñol.

El derecho mercantil y el derecho del trabajo (I) Fronteras

El derecho mercantil y el derecho del trabajo (I)
Fronteras

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El derecho del trabajo y el derecho mercantil son ramas especiales que han nacido de la raíz común del derecho Civil. Después de muchos años de desarrollo, estas especialidades jurídicas siguen teniendo puntos de encuentro. El trabajo que aquí se expone sigue las líneas de un trabajo mayor llevado a cabo por el compañero venezolano Oscar Hernández Álvarez, Profesor de Derecho del Trabajo y Miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Políticas de Venezuela que, con maestría, analiza las fronteras existentes entre ambas disciplinas, haciendo una descripción de su origen y esencia, analizando los criterios comúnmente utilizados para diferenciar cuándo una relación jurídica es laboral o comercial.
1. El tema de las fronteras. Los temas fronterizos son siempre delicados. Ello es así tanto cuando se habla de las fronteras territoriales de los estados como de la delimitación de los espacios de las disciplinas científicas. En el caso específico del Derecho del Trabajo, que desde su nacimiento ha traído a su seno temas que venían siendo tratado por otras ramas del Derecho, pero que no siempre los ha incorporado o mantenido dentro en su integridad, su ámbito de aplicación está constituido por un terreno movedizo, cuyo estudio nunca puede darse por concluido, pues requiere constante revisión. Por ello, este tema de límites entre disciplinas jurídicas ha sido objeto de permanente interés por parte de la doctrina laboralista pues apenas los laboralistas nos sentimos bien ubicados dentro de un determinado ámbito que hemos definido como propio, cuando el mismo se nos agranda o se nos achica.
2. Especificidad del Derecho Mercantil. Nacidos, con varios siglos de diferencia, como desprendimientos del viejo tronco común del Derecho Civil, el Derecho Mercantil y el Derecho del Trabajo postularon, desde sus inicios, normas especiales aplicables a situaciones jurídicas y relaciones humanas para cuya regulación no resultaban ya adecuadas las normas tradicionales que el ius civile había venido elaborando desde los tiempos de la Roma republicana e imperial.
El advenimiento del mercantilismo, a finales de la edad media e inicios del renacimiento, comportó que las transacciones comerciales adquiriesen una importancia y un dinamismo que no encontraban un adecuado marco regulatorio en las normas del derecho civil. De allí que, atendiendo a criterios de adecuación a las nuevas modalidades del comercio, se fuese desarrollando, a lo largo de décadas, una disciplina jurídica especializada cuyo centro de atención, no siempre nítida y unánimemente definido, fue la actividad profesional del comerciante y el acto de comercio. Tal disciplina ha sido, durante siglos, fiel compañera y reguladora de la actividad mercantil y ha sabido adaptarse a los vertiginosos cambios de la misma con una flexibilidad y un dinamismo que nunca fueron propios de las viejas normas civilistas.
3. Especificidad del Derecho del Trabajo. Por su parte, a finales del Siglo XIX y principios del XX y como una repuesta frente a la explosiva cuestión social producida por las condiciones de trabajo establecidas con posterioridad a la revolución industrial dentro del marco de una concepción liberal e individualista del Estado y de la economía, se va formando y consolidando el Derecho del Trabajo. Este constituye una nueva disciplina jurídica, destinada a atender relaciones derivadas de la prestación del trabajo que el Derecho Civil, cuya concepción obligacional, fundamentada en la piedra angular de la autonomía de la voluntad, no estaba en condiciones de regular adecuadamente. En efecto, en tales relaciones, una de las partes, el trabajador, dada su debilidad económica y su vital requerimiento de obtener y asegurar un puesto de trabajo que le permita proveer a su subsistencia y a la de su familia, no disfruta efectivamente de la posibilidad de concertar libremente sus condiciones de trabajo, sino que se ve constreñido a aceptar las unilateralmente impuestas por el patrono, lo cual suele determinar situaciones de injusticia social. De allí, que el Derecho Laboral, postule la aplicación de una normativa protectora del trabajador, que se aplica imperativamente a fin de asegurar que el trabajo sujeto a esa disciplina se cumpla en condiciones compatibles con la justicia social y con la dignidad del trabajador.
4. Delimitación del ámbito de aplicación de ambas disciplinas. A inicios de nuestro Siglo XXI, después de muchas décadas y hasta siglos de existencia que ha conocido buenos y malos momentos, el Derecho Mercantil, el Derecho del Trabajo, así como la disciplina madre, el Derecho Civil, siguen cumpliendo, en sus respectivos ámbitos de aplicación, importantes funciones de regulación de la conducta humana. Ocurre, sin embargo, que no siempre esos ámbitos de aplicación se encuentran claramente definidos, lo cual ha dado lugar a importantes dificultades, cuya solución requiere la precisión de los criterios aplicables para determinar fronteras y reglas de funcionamiento en aquellos espacios en los cuales las dos disciplinas tienen posibilidades de acción.
Dos constataciones preliminares pueden hacerse en orden a la determinación del respectivo ámbito de aplicación de las dos disciplinas. En primer lugar, ambas disciplinas están íntimamente vinculadas al concepto de empresa, pues regulan actividades que se desarrollan fundamentalmente en el seno de la misma. Entendemos a la empresa como un escenario en el cual se desarrolla una actividad económica organizada destinada a la producción o intercambio de bienes o servicios, la cual se lleva a cabo bajo la dirección del empresario, quien puede contar con colaboradores externos o internos y que da lugar a una serie de relaciones jurídicas complejas sujetas a la regulación de diversas disciplinas jurídicas, entre ellas el Derecho Mercantil y el Derecho del Trabajo. El Derecho Mercantil se ocupa fundamentalmente de los elementos patrimoniales que componen la empresa, de las modalidades de su explotación, del estatuto personal del empresario comerciante, individual o colectivo y de la actividad externa que el empresario realiza en el mercado para el intercambio de bienes y servicios. Por su parte el Derecho del Trabajo se ocupa fundamentalmente de las relaciones laborales que se producen dentro de la empresa con ocasión de las actividades de la misma, promoviendo, entre otros objetivos, la protección de los trabajadores, su representación y su participación en los beneficios empresariales y en la negociación de las condiciones de trabajo.
En segundo lugar, se puede constatar que ambas disciplinas tienen un fuerte sustrato profesional. Si bien es cierto que muchas de las instituciones del Derecho Mercantil y, especialmente aquellas relacionados con los denominados actos objetivos de comercio, pueden ser aplicadas a quienes no son comerciantes, no lo es menos que esta rama del Derecho contiene la regulación del estatuto profesional del comerciante. Por su parte, el Derecho del Trabajo regula las relaciones profesionales de trabajadores y empleadores. De esta manera las relaciones jurídicas derivadas del ejercicio de una profesión por parte de una persona pueden ser, según los casos, objeto de regulación por parte del Derecho Mercantil o del Derecho Laboral, e, incluso, en determinadas circunstancias, por ambas disciplinas. Por ello se hace imprescindible la determinación de criterios de delimitación precisos que permitan establecer cuando una determinada relación profesional debe considerarse incluida dentro del ámbito del Derecho Mercantil y cuando dentro del ámbito del Derecho del trabajo. Por razones de aparición cronológica, correspondió en primer lugar a la doctrina mercantilista la formulación de los criterios que permitieron la delimitación entre la nueva disciplina mercantil, que se desarrolló en torno a los conceptos fundamentales del comerciante y del acto de comercio, de la vieja disciplina civil de la cual se desprendió. Por su parte, en su momento, la doctrina laboral tuvo que formular criterios para delimitar a cual tipo de prestación de servicios deberían aplicarse las normas del Derecho del Trabajo y no las civiles o mercantiles. Tarea ardua, objeto de constante revisión, que no podrá nunca ser definitivamente concluida, pero a la cual la doctrina laboral debe prestar permanente atención.

El Derecho Mercantil protege a los trabajadores!

El Derecho Mercantil protege a los trabajadores!

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A continuación, por su interés se extracta parte de la Ponencia de D. José Luis García-Pita, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de La Coruña, dada en la Facultad de Derecho el día 17 de febrero de 2006, con ocasión de la celebración de la festividad de San Raimundo de Peñafort.

Excmo. Sr. Vicerrector, Ilmo. Sr. Decano de esta Facultad de Derecho, miembros del equipo decanal, miembros del profesorado, alumnos y PAS., Sras. y Sres.

Es para mí un motivo de honda satisfacción el dirigirme a Uds. en este acto, con motivo de la festividad de San Raimundo de Peñafort; festividad de juristas y universitarios. Es, digo, un motivo de satisfacción, por la atención y deferencia que ha tenido el Sr. Decano al confiarme el encargo de pronunciar el discurso que seguidamente les dirigiré. Pero, junto a la satisfacción, he hallado, también, en la tarea que me ha sido confiada, motivos sobrados de preocupación, pues no puedo evitar el sentir sobre mis hombros el peso de la responsabilidad, al dirigir mis palabras a esta audiencia, para hablar de algo cuyo interés será —necesariamente- relativo: profundo para algunos, insignificante para otros. De una importancia trascendental en términos absolutos y cualitativos; en términos reales, si se quiere, pero —al propio tiempo- quizá no suficientemente percibida.

El Derecho Mercantil como garante de la seguridad en las transacciones comerciales y como predecesor histórico del Derecho Laboral.

El Derecho mercantil fija su atención central en los empresarios, más ciertamente no parece que con ello les haga ningún “regalo”, sino que reconoce su función social, junto con los riesgos que comporta, y ese mismo motivo- los somete a una serie de deberes profesionales, que son especialmente rigurosos y que no encuentran parangón en el ámbito de los demás ciudadanos. Pues bien; en este sentido, el Derecho Mercantil debe ser mirado como un Derecho “de” los empresarios, pero no como un Derecho “para” los empresarios; no como un agregado normativo cortado a la medida de los intereses, particulares y egoístas, de ciertos sujetos, en detrimento de otros. El Derecho Mercantil debe ser mirado desde una perspectiva parecida a la que se ha impuesto, p.e., en el moderno Derecho Administrativo: si éste sirve para proteger los derechos e intereses del ciudadano, frente a los Poderes Públicos, controlando las prerrogativas y potestades exorbitantes de la Administración… El Derecho Mercantil debe ser considerado como un Derecho que controla el correcto desarrollo de la actividad de los empresarios, protegiendo a los terceros que con ellos se relacionan… Y protegiendo especialmente —redobladamente- a aquellos terceros que, cuando tratan con los empresarios, se hallan constitutivamente situados en una posición de inferioridad: los consumidores, los inversores…. Incluso los trabajadores.
Sí, sí: no se extrañen —posiblemente alguno de los presentes habrá salido de la somnolencia que tradicionalmente producen estos actos, para decir: “¿He oído bien?… Que el Derecho mercantil protege a los trabajadores.!! ??”.

Pues, sí señor: cuando menos así fue y así pudo seguir siendo: como ya anticipé al dar inicio a esta exposición, el Derecho Mercantil es históricamente más antiguo que el Derecho Laboral, y cuando los trabajadores no tenían otra fuente de regulación que el Código Civil y una Ley de 1873, sobre trabajo de los menores… El Código de Comercio de 1885 regulaba, y —además- en términos relativamente ventajosos, la situación de los colaboradores del Comerciante y los colaboradores del Naviero.
Estableciendo un sistema de despidos por causas tasadas, más riguroso por tanto, más beneficioso para los trabajadores- que el previsto en el Código civil; el cual —por cierto- es posterior al de Comercio, respecto de los “criados y menestrales”.

Lo que pasa es que, cuando surgió el Derecho del Trabajo, en 1926, superó al Derecho Mercantil en la regulación de unas relaciones típicamente de empresa, como son las relaciones de trabajo asalariado. Lo hizo porque para el Derecho Laboral es más importante -desde el punto de vista conceptual— el Trabajador, que el Empresario, y lo hizo -es decir: superó al Derecho Mercantil en la regulación de las relaciones de trabajo asalariado- hasta el punto de no precisar; ya, del Empresario, en sentido estricto, pues es obvio que el Derecho del Trabajo ha definido al Empresario más como parte contratante, díalécticamente opuesta al Trabajador, que —propiamente- como agente económico que opera en el mercado de la producción de bienes y servicios. Por este motivo, el concepto “laboral” del Empresario, es más amplio que el concepto “mercantil”: para el Derecho Laboral es empresario el BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO, y también es empresaria Inés, Viuda de Notario y pensionista, que tiene una empleada de hogar colombiana.

Más, aunque el Derecho Mercantil no fue capaz de seguir un camino que terminó por dar nacimiento al moderno Derecho Laboral, lo que sí ha conservado el Derecho Mercantil es la regulación de los contratos y negocios jurídicos de los empresarios. En efecto; el Derecho Mercantil no es sólo Derecho estatutario; es -también- Derecho patrimonial, y -más precisamente- es Derecho de obligaciones y contratos. Y, en este sentido, nuevamente vuelve a mostrarse más beneficioso que el Derecho común, respecto de los no comerciantes: porque es el Derecho mercantil, y no el civil, el que protege las adquisiciones “a non domino” de bienes muebles y de títulos-valores, con un régimen que supera notablemente el previsto en el Código civil [arts. 85, CCO., 545, CC0. y 19, LCCH.]; es el Derecho mercantil, y no el civil, el que persigue más decididamente -y de modo más amplio que el CC.- la “laesio enormis” en los contratos, como demuestra el art. 344, CCO., que hace responsables de daños y perjuicios a los compradores y vendedores que, con mala fe, vendan o compren objetos por precios desproporcionados e injustos, causando lesión a la contraparte; es el Derecho Mercantil, y no el civil, el que hace soportar el riesgo de las cosas vendidas al Comprador, sólo a partir del momento de la entrega de la mercancía, y no -como por el contrario hace el C.C. desde el mismo momento de perfección del contrato. Por otra parte, es el Derecho mercantil de Sociedades, y no el civil, el que ha establecido un mejor equilibrio entre intereses sociales; interés de mayoría e interés de minoría, e incluso intereses “de grupo”, cuando se producen fenómenos de concentración empresarial; regulando problemas como los conflictos que pueden producirse entre tales intereses legítimos, agravando los módulos de diligencia las responsabilidades de los administradores sociales.

Partiendo de esta base, quedaría en evidencia la falacia que subyace en la estrategia, antes mencionada, de la “desmercantilización por principio” de ciertas instituciones: a veces parece -Contrato de Seguro; contrato de Agencia; régimen de la Letra de Cambio, Derecho Cooperativo- que una materia, regulada de modo unitario, se ha convenido en Derecho Común, cuando lo cierto es que ha desaparecido la regulación civil de dicha materia, por ser tan irreductiblemente empresarial [¿Quién puede imaginar un contrato de seguro sin empresario asegurador, ni empresa basada en la mutualidad de riesgos?], que no puede ser regulada sino por el Derecho de los empresarios.